Un presupuesto de ajuste y endeudamiento

February 22, 2020

Análisis del presupuesto de Mendoza 2020

El gobernador presentó a fines del año pasado el proyecto de presupuesto para este año. Suarez ha tenido que reconocer la difícil situación, sin poder responsabilizar a la herencia recibida y sin por ello buscar solucionarla.
En números concretos el presupuesto propone una recaudación de 181 mil millones de pesos y gastos por $191 mil millones, lo que deja un déficit de 5,5%, mayor al del año pasado. El presupuesto propone un 34% de aumento del avaluó y un nuevo endeudamiento  para solventar el déficit. 
Entre los 10 mil millones de déficit, más la amortización de la deuda por 6.500 millones hay un agujero que representa el 9% del presupuesto. Para solventar este hueco, aparte del endeudamiento ya autorizado y de los remanentes de ejercicios anteriores, el gobierno pretende una reestructuración de vencimientos de deuda (roll over) por 6 mil millones de pesos y un nuevo endeudamiento por 300 millones de dólares. 
El gobierno de Suarez ha planteado que los problemas económicos han surgido por las “dificultades macroeconómicas”, como si estas hubieran surgido al margen de las políticas de Macri y Cornejo. Para enfrentar esta situación el plan del gobernador fue impulsar la megamineria para incrementar ingresos a costa del saqueo y contaminación, en segundo lugar incrementar el endeudamiento que ya es astronómico, y en tercer lugar profundizar el ajuste sobre todo del gasto social, o combinación de ellas.
Endeudamiento
La deuda continúa siendo una difícil carga para la provincia. En sus cuatro años  Cornejo la incrementó, en el 2015 representaba el 30% del presupuesto y actualmente 45%. Al presente alcanza los 81 mil millones de pesos, si se convirtiera a la moneda nacional. Pero el 56% de la misma está en dólares y sujeta a los cambios de la divisa externa. Solo en el primer año de gobierno Cornejo endeudó la provincia en 500 millones de dólares, cuando la moneda se encontraba a menos de $20.
El origen principal de la deuda se encuentra en la privatización de los bancos provinciales, y los sucesivos gobiernos la han incrementado sin investigar su origen ilegitimo y fraudulento. La deuda representa una pesada carga para las arcas provinciales, en intereses y servicios el presupuesto contempla pagos por $8.163 millones, más la amortización por el capital de $6.467 millones. En total casi $15 mil millones en el 2020, monto similar a lo que se destina para desarrollo social, seguridad o salud. 
A su vez, los pagos en intereses y capital tendrán los vencimientos más importantes los próximos años con una proyección de 20 mil millones para el 2021 y 40 mil millones para el 2022, y una cifra similar para el 2023, valores siempre sujetos a las variaciones del dólar.
Como se ha debatido en el Frente Todos, es impresindible realizar una comisión bicameral de seguimiento y control de la deuda provincial; y desde nuestro criterio investigar la misma con la partición de distintos sectores sociales, institucionales y políticos. Como decía Alejandro Olmos, “las deudas hay que pagarlas, las estafas no”, o “cuanto más se paga, más se debe”.
Ganancias para unos, ajuste para otros
El presupuesto, como en ejercicios anteriores oculta información y tergiversa otra. Comparado con el presupuesto del año anterior ($137 mil millones), el actual representa un aumento del 32%, lo cual implica un ajuste encubierto teniendo en cuenta que la inflación alcanzó el año pasado un 53% y se había pronosticado una de 23%.
Por otra parte, vuelve a conformarse un presupuesto regresivo, continúa pagando más el que menos tiene. Ingresos brutos sigue siendo el principal impuesto provincial recaudador, pero se aplica sin realizar una política impositiva diferenciada que disminuya las cargas para los pequeños y medianos productores, comercios y PyMES; y recargue sobre los grandes monopolios que concentran las palancas claves de la economía provincial. A modo de ejemplo, las 100 empresas que más facturan concentran la mitad de la producción provincial, producto bruto cercano a los 500 mil millones de pesos.
Los sectores especulativos  y los grandes exportadores lograron buenas ganancias. Las grandes bodegas exportaron en 2019 por  U$D 809 millones, las petroleras en 2018 exportaron por U$D 79 millones. A julio /19 las exportaciones totales de las empresas mendocinas llegaron a casi U$D 693 millones ( $29.800 millones). La pregunta es qué porcentaje de esas exportaciones se transformaron en mejoras en el nivel de vida de la población.
Situación similar se evidencia con el impuesto inmobiliario, con una recaudación sostenida centralmente en las viviendas, lotes y terrenos familiares o de la pequeña producción, que paradójicamente pagan más que las grandes extensiones de tierra, muchas de ellas en zonas irrigadas fundamentales. Los mil propietarios de más de mil hectáreas en la provincia concentran el 92% de la superficie agropecuaria. Estos grupos, al igual que los grandes monopolios, son los que cuentan con subsidios y múltiples beneficios.
Tampoco hay un replanteo sobre los recursos y servicios estratégicos, la mayoría de ellos en manos privadas que profundizan el saqueo de nuestros bienes comunes. Se mantienen los actuales porcentajes de regalías de hidrocarburos y minería, a pesar de la escalada de los combustibles, en una actividad con alta participación de empresas extranjeras. Continúa en manos privadas áreas claves de la provincia como las empresas de servicio, que han realizado fortunas con los ajustes tarifarios. Sólo a modo de ejemplo Edemsa, que alcanzó facturaciones astronómicas paga menos del 2% proporcionalmente en concepto de regalía. También se ha conocido recientemente la información sobre el valor que paga al estado la empresa Danone por la explotación (mejor dicho saqueo) del agua mineral: $24 por mil litros de agua. 
También hay que continuar exigiendo una nueva ley de coparticipación que reintegre en forma equitativa los fondos que retiene la Nación, los cuales nunca fueron reclamados por el gobierno de Cornejo.
Sin medidas para las emergencias sociales
Desde el punto de vista de los gastos el presupuesto es insuficiente y no distribuye los mismos buscando priorizar medidas para afrontar las graves urgencias sociales y productivas: 37,6% de pobreza, 5,1% de indigencia, 8,6% de desocupación y caída de la actividad económica 7% en cuatro años. En los hechos se ha reducido los montos para salud y educación, carcomidos por la inflación. No hay partidas para enfrentar las graves emergencias sociales en una provincia con 70 mil personas que no les alcanza para comer y con la mitad de los niños pobres. Por el contrario, mientras se incrementa el gasto en deuda, se anuncia la eliminación de la cláusula gatillo para los salarios estatales.
El gobernador extorsiona con la posibilidad de cortar la obra pública si no le aprueban el endeudamiento, pero no pone en discusión que obras priorizar y en beneficio de quien. Sin despreciar la refacción de caminos y plazas, ¿qué plan se elaborará para afrontar la falta de 70 mil viviendas?
El presupuesto no presenta planes para afrontar las graves urgencias sociales, no hay política para reforzar comedores sociales e impulsar comedores escolares, incrementar partidas para enfrentar la violencia hacia las mujeres con promotoras y refugios concretos, generar obra pública para combatir el déficit habitacional y crear empleo, desarrollar proyectos de apoyo a la pequeña y mediana producción agropecuaria e industrial, etc.
Desde el PTP consideramos fundamental poner en discusión que plata hay, lo que no hay es decisión política para adoptar las medidas necesarias que busquen resolver las graves emergencias sociales, agropecuarias y productivas.

Partido del Trabajo y del Pueblo

Fuente:

 


http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/proyecto-de-presupuesto-2020/ 

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