Condena por abusos sexuales en el Instituto Próvolo

December 2, 2019

El lunes 25/11 se dictó la sentencia por las atrocidades sexuales cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza, condenando a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a 45 y 42 años de prisión, y al jardinero Armando Gómez a 18 años.

 

 

Los hechos, registrados entre el 2005 y el 2016, involucran a una gran cantidad de menores que tenían entre 5 y 17 años. En el instituto religioso se albergaban chicos sordos de distintas regiones del país y una gran parte de bajos recursos. El instituto, que se autotitulaba como modelo, porque impulsaba el lenguaje oral y no el de señas, terminó generando una trampa que impedía comunicar y denunciar los abusos sexuales.

 

Violaciones con acceso carnal, sexo oral, actos de zoofilia, torturas, golpes, maltratos, era el horror por el que atravesaban niños y niñas. Estremecen los testimonios que han trascendido sobre los continuos abusos, los desmayos por el dolor de las violaciones, desgarros y heridas, que eran ocultadas por el personal.

 

Una de las victimas comentaba como su hija de 5 años apareció con moretones y cambios de conducta “lo más atroz era que intentaba tocar y besar los genitales de los adultos”. Otra interna reflexionaba que antes los sucesivos hechos de violación “Yo pensaba que lo que él (el abusador) hacía era algo de la Iglesia, porque si estaba ahí adentro tenía que ser cosa de Dios. A la noche, yo miraba al cielo y le pedía a Dios que dejara de hacerlo…”. Otra madre entre lágrimas comentaba “Empezó a dormir en posición fetal, con la luz prendida, a llorar por todo, a autolastimarse. Se hería las piernas y los brazos para no poder ir y pedía que no lo lleváramos y decía que no quería ir pero no me decía por qué”.

 

Una institución que supuestamente estaba destinada al cuidado y enseñanza de personas discapacitadas, se transformó en una estructura de abuso e impunidad. La perversión del personal de la institución, la doble moral que implica que el cuidador se trasforme en el agresor, reflejan lo nefasto de la institución, que lamentablemente, como lo demuestran las denuncias en el mundo, no fueron hechos aislados.

 

En el 2016 en el marco de las campañas por “Ni una Menos” y por la “Emergencia en violencia hacia las mujeres”, las víctimas se animaron a denunciar penalmente las atrocidades que vivían en la institución. Sin embargo no fueron las primeras denuncias, desde el 2008, hay registros de denuncias internas en los ámbitos del instituto, que fueron calladas.

 

Es más, el cura italiano Nicola Corradi, proveniente del instituto de Verona, ya contaba con denuncias de abuso, y sin embargo fue trasladado para La Plata, en donde también se ha abierto un proceso judicial, y posteriormente a Mendoza. En una reciente entrevista con cámara oculta, Eligio Piccoli, uno de los curas acusados de abusos, comentaba que ante las denuncias era: “o la casa o América”.

 

Uno de los padres de una de las víctimas comentaba luego de la sentencia: "Recibieron una pena ejemplar y se podría haber evitado si estos curas denunciados no hubieran sido trasladados a la Argentina. Pedimos que el mundo se anime a hablar, a denunciar a los curas y a la Iglesia",

 

El proceso continuará con los distintos participantes involucrados (cerca de 14 denunciados) entre ellos dos monjas, los responsables legales del instituto, el personal pedagógico y administrativo. Hasta el momento los denunciantes son cerca de una docena, pero se calcula que hay más de 200 víctimas que todavía no se han animado a brindar su testimonio.

 

El juicio que ha tenido trascendencia internacional, ya que son los primeros condenados de las múltiples denuncias sobre el instituto en el mundo, ha dejado múltiples aspectos para analizar. Por una parte, se evidencia una estructura eclesiástica que actuó para encubrir los hechos y mantener la impunidad. Los abogados de las víctimas declararon sobre el accionar de la iglesia "Me da mucha bronca porque mienten. Estaban obligados a dar información y no lo hicieron, hay víctimas que no tienen el victimario porque no dieron información. Estos casos no deben volver a suceder ni la iglesia debe trasladar de un lugar a otro a los curas. Además, el Estado debería exigirle a la Iglesia porque la mantiene". El otro letrado agregó que la institución eclesiástica "nunca se acercó a las víctimas" e incluso "entorpeció y atacó a los chicos". Al respecto el obispo de Verona había declarado que este proceso era “una confabulación de sordos para quedarse con las propiedades de la iglesia”.

 

Por otra parte, los hechos aberrantes ponen de manifiesto la responsabilidad del Estado, que financia y sostiene la religión católica, y que permite la educación privada en sus distintas vertientes, con escasos o nulos controles, sobre todo en ámbitos de albergues y de niños/as con discapacidad. ¿Quién imparte la educación?¿con qué contenidos y métodos?¿qué instancias y mecanismos de control existen? Los familiares y grupos activos que apoyaron el proceso reclamaban “Iglesia y Estado, asunto separado”, y en otra pancarta se leía “por una iglesia sin abusos”.

 

El juicio a pesar del profundo dolor que reflejó, se constituyó en un punto de inflexión que ha sido protagonizado por las víctimas y sus familias, que se animaron a denunciar, a poner en la luz las atrocidades que sufrieron, y que les permitió enfrentar tantos años de silencio e impunidad, fortaleciéndolas y peleando para que ningún niño/a tenga que pasar por semejante horror. Entre lágrimas y abrazos aplaudieron la sentencia ejemplar.

 

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