¿A quién defiende Macri?

July 1, 2017

 

En varias columnas anteriores nos hemos referido a la orientación antiobrera, antipopular y antinacional del presidente Macri. Quien, como si respondiera a estas afirmaciones generales, que no son exclusivamente nuestras, expresó: “Hace algunas semanas hablé de las mafias de los juicios. Y no estaba defendiendo a las empresas, sino a los trabajadores que por el colapso de los juzgados tardan años en juicios. Y también lo hago por las Pymes". ¿Pensará realmente el Presidente que los juicios laborales son el principal problema de los trabajadores? ¿Así de bien nos conoce? Los juicios son el último eslabón de nuestra cadena de problemas. Cuando llegamos a la instancia judicial es porque “estamos en el horno”. Un accidente laboral, un despido sin causa ni indemnización, todas situaciones que preferimos evitar. Las preocupaciones de los trabajadores arrancan por la desocupación que crece; y sigue por la precariedad que afecta al 50% de los que accedieron a ese empleo tan buscado; por los salarios que no cubren las canastas básicas y aumentan por debajo del ritmo inflacionario; por las condiciones insalubres y riesgosas en las que desarrollan sus tareas; por el incumplimiento de los Convenios Colectivos de Trabajo y por la pérdida de derechos sindicales. Ninguna de estas problemáticas está en la agenda oficial, salvo para agravarlas. Los funcionarios, empezando por el Ministro de ¿Trabajo?, están empeñados en arrasar con todas las conquistas de los trabajadores. Es la vuelta a la vieja flexibilización laboral proclamada en los años 90 por Menem y Cavallo. Todas las estadísticas oficiales y los hechos recientes avalan lo que decimos. Uno: la medición de las canastas básicas. Según la DEIE, Mendoza, en Mayo de 2017, una familia tipo (Matrimonio de 35 y 31 años, dos hijos de 8 y 5 años) necesitó $ 5.000 (Canasta Básica Alimentaria) para no caer en la indigencia, y $ 13.000 (Canasta Básica Total) para no ser pobre. Para el Gran Buenos Aires esos valores fueron de $6.000 y $ 14.700 respectivamente. La Junta Interna de ATEINDEC realiza otra medición que supone cubrir las necesidades para vivir dignamente, y que por lo tanto supera los $ 20.000.- Dos: la medición de los ingresos de los trabajadores y de los hogares. Según el último informe INDEC, para el primer trimestre 2017, el ingreso promedio de los asalariados en su ocupación principal fue de $12.760. Pero debe aclararse que el 60% de los trabajadores está por debajo de ese promedio; y que el 40% más bajo tiene un ingreso promedio de $ 5.500. En números reales, más de 4 millones de asalariados cobran menos de $ 11.000 en su ocupación principal. El panorama se agrava si consideramos a esta población según tengan o no descuento jubilatorio: un tercio de los asalariados trabaja “en negro” y tiene un ingreso medio de $7.000, equivalente solo a un 44% del que perciben los que trabajan “en blanco”. Al comparar las canastas y los ingresos provenientes del trabajo se advierte rápidamente por qué un tercio de la población es pobre; y que la desocupación, el trabajo en negro, y los bajos salarios en general son su causa. Y al observar la distribución de los ingresos per cápita familiares, provenientes de distintas fuentes, se comprueba que la desigualdad es la característica principal de nuestra sociedad. El 40 % de la población, con un ingreso promedio de $ 2.647, percibe sólo el 14% de los ingresos totales. En el otro extremo, el 10% con un promedio de $ 23.773 por persona, se apropia del 31,6% del total. Tres: el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La noticia del lunes 26 de junio fue: “El gobierno nacional oficializó hoy el nuevo piso salarial para los trabajadores, que será de $8.860 a partir del 1º de julio próximo, $9.500 desde el 1º de enero y $10.000 a partir de julio de 2018, y que por primera vez desde el funcionamiento del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil fue fijado por el Poder Ejecutivo al no llegar a un acuerdo empresarios y gremios en la reunión que los convocó ayer en la sede del Ministerio de Trabajo”. Aclaremos primero que el SMVM, según el Art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, “es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.” ¿Creerán los Gerentes del Gobierno Nacional que pueden cubrirse esas necesidades con $8.860 o con $10.000 a cobrar …¡¡dentro de un año!!?En el Consejo del Salario los trabajadores pedían alrededor de $15.000 ahora, y los empresarios ofrecían $9.700 dentro de un año. ¿Debemos interpretar que el laudo del Ministerio de Trabajo es para beneficiar a los trabajadores? La única lectura objetiva de las canastas, ingresos y salarios mínimos es que el Gobierno sigue impulsando como estrategia principal la reducción de los “costos laborales”, manteniendo un techo salarial lo más bajo posible para todas las negociaciones paritarias. El SMVM, fijado aproximadamente en un 60% de la CBT, deja de ser un piso salarial válido. Y da un marco legal para que los empresarios rechacen los reclamos de aumentos salariales. Esa fue la “arenga anti-gremial de Macri a los empresarios, en la cual les pidió que no aflojen en las paritarias” (Perfil, 15/06/17). Según cálculos de Claudio Lozano, sobre una jornada laboral de 8 horas, “los ocupados destinan 1 hora y 51 minutos para producir el equivalente al valor de su salario, mientras el resto de las 6 horas y 9 minutos producen para generar el excedente apropiado por el empresario”. Y concluye acertadamente que, dada la magnitud de ese excedente, existe “la viabilidad de efectuar aumentos salariales sin necesidad que éstos tengan un impacto en precios”. El Frente Popular viene acompañando la lucha de la CTA Autónoma, y de los trabajadores en general, con el objetivo de establecer el SMVM en valores equivalentes a la Canasta Total de Bienes y Servicios, y el Seguro de Desempleo igual a una Canasta Básica de alimentos. Nos comprometemos a continuar y apuntalar esa lucha, con nuestros proyectos de leyes, si en las próximas elecciones los votos ciudadanos nos dan la oportunidad de acceder a los cargos legislativos en juego.

Carmelo Cortese: Lic. en Sociología

(Candidato a Diputado Nacional por el PTP en el Frente Popular)

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